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Excedentes alimentarios y nueva normativa: guía práctica para donar con garantías

  • 2 jul
  • 8 Min. de lectura

Actualizado: 8 jul

excedentes alimentarios

España genera cada año millones de toneladas de desperdicio alimentario (7,7 Mt según MAPA y FAO). Para atajarlo, se acaba de aprobar la Ley 1/2025, de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario (a veces referida por su número de proyecto 1/2025, aprobada el 20 de marzo de 2025). Esta norma, que entra en vigor en enero de 2026, fija objetivos ambiciosos: reducir en un 50 % los residuos per cápita en venta minorista y consumo, y en un 20 % las pérdidas en la producción para 2030.


Para lograrlo, la ley establece una jerarquía de aprovechamiento de los excedentes: prevención (mejor es no generar residuos), seguida de redistribución para consumo humano (donaciones), y en último término usos como alimentación animal, otros productos industriales, compostaje o valorización energética. En este marco, la donación de alimentos saludables aparece como una práctica deseable pero sujeta a obligaciones específicas.


Obligaciones clave: prevención y acuerdos de donación


La nueva ley impone a todos los agentes de la cadena alimentaria (productores, distribuidores, comercios, hostelería, caterings, etc.) el deber de crear planes internos de prevención de pérdidas y aplicarlos sistemáticamente. Además, obliga a promover acuerdos o convenios para donar los excedentes no vendidos o no servidos a ONGs, entidades sociales o bancos de alimentos, siempre que sea viable y esté justificado en caso contrario. Es importante destacar que la ley no obliga per se a donar, sino a formalizar los mecanismos para hacerlo: “donar no es obligatorio, solo la firma de acuerdos que detallen los criterios en el caso de que se haga una donación”.


Concretamente, estos convenios de donación deben incluir aspectos prácticos mínimos, como las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento, la selección de los alimentos donables y la gestión en caso de rechazo por parte del receptor. La ley también prohíbe expresamente cualquier cláusula contractual que impida donar alimentos, considerándola nula de pleno derecho.


Al mismo tiempo, los establecimientos de hostelería y restauración deben facilitar que los clientes puedan llevarse las sobras (“doggy bag”), salvo en bufés libres, empleando envases aptos y preferiblemente reutilizables o reciclables. Esta medida busca promover que los comensales consuman en casa lo no ingerido en el local. Además, los caterings y comedores (públicos o privados) podrán implementar programas educativos sobre reducción de despilfarro dirigidos a cocineros, comensales y usuarios.


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En resumen, la ley ordena:


  • Establecer planes de prevención y sistemas de medición de desperdicio en cada empresa de la cadena alimentaria.

  • Formalizar convenios de donación con ONGs o bancos de alimentos para gestionar excedentes.

  • Permitir llevar sobras en hostelería con envases adecuados.

  • Obligar a los distribuidores de donaciones (ONGs, bancos de alimentos, empresas sociales) a garantizar trazabilidad y prácticas de higiene (cumpliendo el Reglamento CE 852/2004 sobre higiene e implementando sistemas de APPCC).

  • Destinar los alimentos donados a personas vulnerables (quedando prohibida su venta salvo excepciones muy concretas).


En esencia, la donación pasa de ser una mera filantropía voluntaria a un elemento regulado: no se exige donar cada producto, pero sí planificar y facilitar su posible redistribución segura.


Límites y exenciones: ¿quién está obligado?


La ley fija umbrales y excepciones para no sobrecargar a negocios muy pequeños. Quedan exentos de estas obligaciones los establecimientos de transformación, comercio minorista, hostelería o restauración con una superficie de exposición al público inferior o igual a 1.300 m². En otras palabras, pequeños comercios o restaurantes de barrio pueden quedar fuera, a menos que varios locales con el mismo CIF sumen más de 1.300 m². También se excluye a microempresas y a pequeñas explotaciones agrarias según criterios europeos.


No obstante, las empresas grandes (supermercados, cadenas de restauración, caterings escolares, etc.) sí deben cumplir: por ejemplo, los supermercados con más de 1.300 m² deberán firmar convenios con ONG para donar sus excedentes si se dan las condiciones. Este punto había sido criticado en borradores de ley pasados: con ese umbral, quedarían fuera ~85% de los supermercados españoles, lejos del umbral de 400 m² planteado al inicio del trámite. En todo caso, la responsabilidad de no desechar alimentos que puedan aprovecharse recae sobre todos los agentes: la ley prohíbe “actuaciones orientadas a dejar los alimentos en condiciones no aptas para su consumo o valorización”. Es decir, prácticas como destruir o estropear productos (por ejemplo, cambiando envases para que caduquen antes) quedan prohibidas.

A nivel fiscal, las donaciones de alimentos siguen beneficiándose de exenciones de IVA y deducciones (actualmente hasta un 35% del valor donado), aunque expertos reclaman aumentarlas. Pero el cumplimiento normativo va más allá de la contabilidad: el mayor desafío es operativo y sanitario.


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Seguridad alimentaria: responsabilidades y salvaguardas en los excedentes alimentarios


Donar alimentos preparados conlleva riesgos. Legalmente, el donante es responsable de la inocuidad del producto hasta su entrega. Como advierte el proyecto Rexcatering (Fund. Residuo Cero), “quien quiera donar alimentos debe estar seguro de que su tratamiento es el adecuado en todo momento, ya que es él quien legalmente se responsabiliza de los posibles problemas que una mala conservación pueda ocasionar al consumidor final”.


Por ello, la ley exige que las entidades que distribuyen donaciones (bancos de alimentos, ONG, comedores sociales, etc.) mantengan unas correctas prácticas de higiene y trazabilidad: llevar registro de entradas/salidas, disponer de cadena de frío, controlar alérgenos e implementar sistemas de APPCC.


En la práctica, esto supone retirar los productos con cierta antelación a la caducidad, embalarlos apropiadamente (etiqueta, envase apto, sellado higiénico) y coordinar el transporte urgente al receptor. Según un informe económico previo, “la donación de alimentos es una tarea difícil, arriesgada y costosa para muchas empresas”: requiere protocolos como sacar la mercancía 48 h antes de caducar, firmar convenios logísticos, garantizar la cadena de frío continua, conservar albaranes y certificados de entrega, etc. Estos trámites son especialmente desafiantes en el canal Horeca y en la gran distribución, donde el volumen de sobrantes y la distancia a las ONG pueden ser muy altos.


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Guías oficiales de buenas prácticas


Para orientar el proceso, ya existen guías oficiales de buenas prácticas. Por ejemplo, la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria publicó en 2017 recomendaciones concretas para que comedores y entidades gestionen donaciones “de forma segura y acorde a la normativa” (control de temperaturas, etiquetado, limpieza, etc.). En la misma línea, el Banco de Alimentos de Barcelona exige un plan de autocontrol basado en APPCC y sigue normas de higiene estrictas para asegurar que los donativos cumplen estándares de calidad y seguridad. Estas pautas muestran el esfuerzo de las ONG por minimizar riesgos: como dice el presidente del Banco de Alimentos de Mallorca, el nombre de Phenix (su proveedor de excedentes) “ya es garantía de calidad y seguridad alimentaria, lo que… nos garantiza que la donación de alimentos sea totalmente segura hasta la entrega final a nuestros beneficiarios”.

En síntesis, la donación no debe comprometer la salud: la cadena de frío debe respetarse, se debe hacer seguimiento de fechas y alérgenos, y es aconsejable que los excedentes sean platos acabados o alimentos de fácil conservación. Por eso muchos proyectos de donación innovan con envases termosellables, neveras solidarias o apps de gestión que registran cada unidad donada.


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Casos prácticos en restauración y colectivos


Rexcatering (Fund. Residuo Cero) es un ejemplo pionero de donación en colectividades. Este servicio colabora con comedores escolares, hospitales y residencias para recuperar diariamente las raciones no servidas. En el País Vasco opera en más de 30 centros, y recientemente ha llegado a Cataluña. El esquema es muy estricto: en cada cocina, el sobrante de cada plato se trasfiere a envases individuales que se termosellan y etiquetan con fecha y alérgenos. Luego se introduce cada recipiente en un abatidor frigorífico (blast chiller) para frenarlo antes de su transporte en neveras portátiles hasta una “nevera solidaria” pública. Estos frigoríficos comunitarios (tipo vending) permiten que cualquier persona lo necesite acceda gratuitamente al alimento recuperado.


El proyecto integra además una vertiente educativa: los propios alumnos participan en el proceso y aprenden a valorar los alimentos mientras colaboran con el personal de cocina. Como resumen, Rexcatering “garantiza el acceso digno y el seguro aprovechamiento de los alimentos”, combinando tecnología, higiene y conciencia social.


En la cocina de un comedor escolar, el proyecto Rexcatering envasa y termosella los excedentes para llevarlos a una nevera solidaria. El sistema asegura la cadena de frío y seguridad alimentaria desde la preparación hasta la donación.


En el sector hostelero (bares, restaurantes, hoteles) también proliferan iniciativas. La ley obliga ya a ofrecer al cliente la posibilidad de llevarse las sobras en envases adecuados. Empresas como Too Good To Go van más allá: su app conecta a cafeterías y comercios con consumidores ofreciendo “packs sorpresa” de comida a punto de caducar a precio reducido. Aunque no se trata de donación sino de venta de excedente, ayuda a liberar stock comestible y sensibilizar al ciudadano. Desde su blog corporativo, Too Good To Go celebra la nueva ley y subraya que “todos los actores implicados, incluida la ciudadanía, pueden contribuir a reducir el desperdicio alimentario”. Asimismo, existen plataformas digitales (como The Doggystyle App o OLIO) que permiten a ciudadanos compartir sus excedentes domésticos, y proyectos de “ppers” (puntos de recogida) en barrios.


Otro ejemplo clave es Phenix, una empresa especializada en gestión de excedentes para la gran distribución y la restauración colectiva. Phenix se asocia con cadenas de supermercados, aeropuertos y comedores industriales para organizar donaciones eficaces. Por ejemplo, Areas Iberia (compañía líder en restauración de aeropuertos) colabora con Phenix desde 2019: han implementado un sistema diario en los aeropuertos de Barajas, El Prat, Málaga y Palma, recuperando más de 112 toneladas de comida (207.000 raciones) en 4 años. Este proyecto no solo evita emisiones (245 t de CO₂ en ese periodo) sino que canaliza el excedente a ONGs locales (como el Banco de Alimentos de Mallorca, que distribuye a unas 100 entidades). Como destaca el director de Phenix España: “Phenix es una empresa especializada en maximizar el valor del excedente en el sector retail alimentario”, ayudando a las compañías a convertirlo en fuente de rentabilidad mientras reduce el desperdicio y genera un impacto social positivo.


Phenix en colaboración con empresas como Areas coordina la donación de excedentes en grandes instalaciones (aeropuertos, centros de convenciones, etc.). En la imagen, un póster informativo del proyecto Areas-Phenix, que recuperó 112 t de alimentos en 4 años.


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Plataformas tecnológicas de solidaridad


Finalmente, destacan las plataformas tecnológicas enfocadas a la solidaridad. Coometas, por ejemplo, ofrece un sistema de bonos digitales que conecta comercios donantes con entidades sociales receptoras. La innovación clave de Coometas es la trazabilidad emocional: el donante recibe un código de seguimiento y acceso web para ver “cómo, cuándo y dónde se ha gastado su aportación”. Según la propia empresa, esta transparencia genera confianza y anima a la comunidad a participar (un donante puede sentir que su producto “llegó a la carnicería social de su barrio” o hasta leer historias de familias beneficiarias). Hay otras iniciativas donde se trabaja para gestionar la donación de forma ágil y segura, minimizando trámites burocráticos y maximizando el impacto social.


Un desafío compartido


La donación de excedentes se perfila como una pieza clave en la estrategia antidespilfarro, pero no exenta de complejidad. La nueva ley estatal sienta bases sólidas al exigir planes de prevención y facilitar los marcos legales para donar, mientras garantiza la seguridad alimentaria de lo entregado. Sin embargo, los retos prácticos persisten: logística, costes adicionales, formación de personal y coordinación con entidades sociales siguen siendo obstáculos mencionados por el sector. Como comentan expertos y asociaciones, es fundamental que las Administraciones apoyen estas iniciativas con ayudas logísticas, simplificando trámites y ampliando incentivos fiscales más allá del 35 % actual, para que las donaciones sean “la regla, no la excepción”.


Proyectos como los comentados, demuestra que es posible articular sistemas seguros y eficientes para que la comida en buen estado no termine en la basura. La nueva ley 1/2025 solo tendrá éxito si estas soluciones se amplían y adaptan al resto de sectores –desde supermercados hasta comedores escolares, hospitales o caterings sociales– con la implicación de todos los actores. En definitiva, se trata de un cambio de paradigma: asumir colectivamente que el residuo mínimo es aquel que nunca se genera, y que los alimentos sobrantes pueden ser recurso para quien los necesite en lugar de contaminar el entorno.


 En Plato Limpio creemos que la lucha contra el desperdicio alimentario no puede limitarse solo a la medición y reducción: debe incluir la redistribución responsable de los excedentes para maximizar su valor social y ambiental.

Por eso, integramos soluciones como la clasificación de sobrantes aptos para donación, la generación automática de informes y trazabilidad, y la conexión con entidades sociales locales a través de alianzas digitales y logísticas. Nuestra propuesta no solo reduce residuos: transforma el residuo en recurso y convierte cada comedor escolar o catering colectivo en un agente activo de justicia alimentaria.

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